Cuando hablamos de democracia y participación siempre nos estamos refiriendo a algún evento político. Sin embargo, en este caso en particular, estamos hablado específicamente del mercado de Valores en Panamá, y de cómo podemos hacer para que más emisores – de todos los tamaños – puedan entrar a ofrecer sus valores en el mercado, y que, al mismo tiempo, puedan participar diferentes tipos de inversionistas – inclusive los pequeños ahorristas.
Cuando no hay democracia no estamos hablando de que exista un solo tirano en el mercado que no permita que este último sea realmente democrático, sino que nos referimos a que el mercado está hecho solo para que las grandes empresas puedan emitir valores, y que los grandes inversionistas sean los únicos que puedan invertir en la compra de los valores emitidos.
No es porque existan prohibiciones o leyes específicas contra los pequeños emisores o los pequeños inversionistas, sino que no existe una promoción adecuada para que esto suceda. Veamos ahora como nace nuestro mercado de valores y analicemos las raíces históricas de esta falta de participación.
A pesar que la Comisión Nacional de Valores fue creada en el año 1970, luego del golpe de estado que estableció el régimen militar que gobernó nuestro país desde 1968 a 1989, por medio del Decreto de Gabinete 247 del mismo año, no es sino cuando se crea la Bolsa de Valores de Panamá en Junio de 1990, que el mercado de valores realmente nace en Panamá.
Este decreto 247, que establece la génesis del mercado de valores en Panamá como un negocio regulado, confiere las siguientes atribuciones a la Comisión Nacional de Valores:
a) Verificar la veracidad de la información que deberán suministrar las sociedades conforme se establece en el presente Decreto de Gabinete sobre fondos mutuos.
b) Autorizar, negar o suspender la venta al público de acciones o valores de acuerdo con lo que establece el presente Decreto de Gabinete.
c) Coordinar con las Cámaras de Comercio, Sindicatos de Industriales y demás organizaciones similares, sobre la forma más efectiva y ágil de emisión de valores en la localidad, al igual que promover transacciones bursátiles, adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la economía.
d) Resolver las solicitudes que se le dirijan al tenor de lo dispuesto en este Decreto de Gabinete sobre fondos mutuos.
e) Expedir a los agentes vendedores de fondos mutuos y valores, la respectiva licencia y revocarla de acuerdo con lo establecido en este Decreto de Gabinete.
f) Velar porque las compañías de fondos mutuos establecidas o que se establezcan en el país, cumplan con las obligaciones que se les imponen en este Decreto de Gabinete y en el Decreto de Gabinete sobre fondos mutuos.
g) Velar porque los distribuidores autorizados de fondos mutuos establecidos o que se establezcan en el país, cumplan con las obligaciones que se les imponen en este Decreto de Gabinete y en el Decreto de Gabinete sobre fondos mutuos.
h) Examinar, por lo menos una vez al año, los estados financieros que deben presentar las compañías que vendan acciones, valores o fondos mutuos de acuerdo con el presente Decreto de Gabinete.
i) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes por parte de quienes se dediquen a las distintas actividades contempladas en el presente Decreto de Gabinete y en el Decreto de Gabinete sobre fondos mutuos.[1]
Como se puede ver, el Decreto de Gabinete 247, en ningún momento habla sobre la labor de la Comisión en impulsar un mercado de valores que ofrezca alternativas de ahorro o inversión al pequeño ahorrista o inversionista.
De hecho, de acuerdo al Artículo 6to de dicho Decreto de Gabinete nos dice: “Quedan sujetas al régimen del presente Decreto de Gabinete las sociedades que dentro del territorio nacional ofrezcan en venta al público sus propias acciones, fondos mutuos o cualesquiera otros valores por los medios publicitarios usuales; por medio del correo, cable, teléfono o telégrafo; por medio de distribuidores, agentes vendedores, corredores, o intermediarios o por cualquier medio que a juicio de la Comisión Nacional de Valores, signifique oferta, distribución o venta a personas indeterminadas o posibles compradores”, el cual es más específico sobre la regulación del mercado, y que en ningún momento menciona nada acerca de los posibles inversionistas.
No es sino hasta que llegamos al Título V, De la Protección de los Accionistas Minoritarios, que se menciona algo muy somero sobre los inversionistas, pero más que nada está dirigido a su protección como accionistas de la empresa, y los derechos que tienen en juntas directivas, asambleas ordinarias y extraordinarias.
Esto se traduce en que desde su origen, la Comisión Nacional de Valores no fue hecha para promover el mercado como ente, sino a regularlo, ejerciendo una labor de autoridad, pero sin ningún tipo de obligaciones de impulso, mercadeo, educación y comunicación del mercado de valores, tanto a emisores como a inversionistas.
De allí que el mercado no inicia su desarrollo sino hasta el momento de fundarse la Bolsa de Valores de Panamá y es allí cuando el mercado empieza a moverse, fundamentado en el Decreto 44 del 31 de mayo de 1988. Este autoriza la creación de bolsa de valores y se reglamenta su instalación y funcionamiento, lo que permitió que la compra y venta de valores llegara a una etapa mucho más abierta y en alguna medida popular al menos en lo que respecta a la época.[2]
Interesante también fue el hecho de que en el Decreto de Gabinete 248 del 16 de Julio de 1970 se reglamenta el funcionamiento de las empresas denominadas como Fondos Mutuos, sus distribuidores y sus agentes vendedores.
A pesar de que se puede entender las razones del gobierno de turno en esa época, que buscaba complementar la creación de un centro financiero, este Decreto de Gabinete debió incluirse directamente dentro del Decreto de Gabinete 247 que creó la Comisión Nacional de Valores, ya que claramente, por las características del producto financiero, el mismo debió ser regulado por la Comisión Nacional de Valores.
Todas nuestras investigaciones nos llevan a descubrir que los fondos mutuos a finales de los 60’s y principios de los 70’s eran los instrumentos preferidos de los panameños. Obviamente, los fondos mutuos no estaban invirtiendo en Panamá, sino que eran fondos mutuos con base en los Estados Unidos, generalmente ofrecidos por firmas reconocidas, pero que como todo, nuestro mercado atraía a corsarios y filibusteros financieros que hicieron de las suyas en esa época, ayudados por la falta de regulación de estos productos.
De allí a que era sumamente importante para el gobierno de ese momento – el militar – el tratar de evitar que mas panameños siguieran perdiendo sus ahorros con personas inescrupulosas que no hacían nada más que hacerles perder sus ahorros bajo diferentes “esquemas financieros”, y que regular este producto era un paso significativo en las aspiraciones para ofrecer una nueva cara financiera para Panamá.
Por medio del Decreto 44 del 31 de Mayo, en plena crisis político económica, se aprobó este decreto con el propósito de autorizar la creación de Bolsas de Valores y se reglamenta su instalación y funcionamiento.
Esto se hizo, debido a que, como dice el Decreto 44, “las bolsas de valores son instituciones de beneficio publico, que tiene por objeto la prestación de todos los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada operaciones con títulos valores con la finalidad proporcionarles liquidez”, probablemente la causa principal por la cual no se desarrollaba un mercado de valores en Panamá, a pesar de tener una legislación al respecto.[3]
Y por primera vez, vemos algún tipo de referencia al ahorro, cuando en el mismo considerando, el Decreto 44 dice lo siguiente: “Que el establecimiento de las bolsas de valores en la República de Panamá constituye una necesidad imperiosa para canalizar los ahorros, tanto nacionales como extranjeros, hacia actividades que produzcan la generación de nuevos empleos y la reactivación de la economía nacional”. [4]
Aquí vale la pena recordar el marco político económico del país, el cual se había trastocado a partir del mes de junio de 1987, luego de las declaraciones del recién “retirado” Coronel Roberto Díaz Herrera, ex Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, cuando reveló como se hizo el fraude sobre las elecciones de 1984, como reanunciaron a Nicolás Ardito Barletta en 1985, cuanto pagó el Sha de Irán para hospedarse cómodamente en Contadora en los años 70, su vinculación con el cobro sobre las visas a exilados cubanos, en fin, declaraciones que fueron el detonante para que la sociedad civil se revelara ante el comandante de turno en una época donde reinaba el militarismo en nuestro país.[5]
Se tenía que hacer algo para incentivar la economía del país, que estaba saliendo de una huelga generalizada que incluyo el cierre de todos los bancos del país por un par de meses, la falta de liquidez en el país, el congelamiento de las cuentas del sistema bancario en Panamá, así como medidas económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno de Panamá que incluyo congelamiento de cuentas, no se remplazaban billetes viejos y deteriorados por parte del Fed, en fin, todo un caos económico, que se tradujo en varias acciones creativas por parte de los empresarios para contrarrestar las medidas económicas en contra del régimen de Noriega.
Toda una situación lo suficientemente difícil como para que algún tipo de reactivación económica sucediera en el país. Sin embargo, el gobierno de turno tenía que enfrentar la situación y vió una oportunidad en el mercado de valores, el cual necesitaba de una legislación que permitiera la creación de un lugar donde se pudiesen intermediar todos los productos financieros del mercado de valores.
Interesante también en este decreto, es el hecho de que por primera vez se mencionan los títulos emitidos por el gobierno como parte fundamental del mercado de valores cuando dice que “las bolsas de valores que operen en el país estarán obligadas a mantener un mercado de valores emitidos o autorizados por el Estado”. [6]
Esto es interesante, ya que hasta ese momento, el Estado negociaba sus títulos – generalmente bonos – al margen de una bolsa de valores (ya que para ese tiempo no existían), ya que el Decreto 247 no había previsto ni la creación de las bolsas de valores, ni la negociación de los títulos emitidos o autorizados por el Estado bajo este Decreto de Gabinete.
“En 1989 cuando Panamá atravesaba por la peor crisis política y económica de su historia republicana, un grupo de empresarios trata de cristalizar uno de los proyectos más anhelados por la comunidad financiera local, la fundación de una bolsa de valores. Esta iniciativa del sector privado tenía como objetivo el operar un mecanismo centralizado de negociación en donde confluyesen libremente las fuerzas de oferta y demanda de valores, bajo los preceptos de transparencia y equidad. Para tal fin se crea la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (BVP). El 26 de junio de 1990 la BVP inicia operaciones al llevar a cabo su primera sesión de negociación, con lo cual se inicia una nueva etapa en el desarrollo del mercado de valores en Panamá.”[7]
Con la promulgación del Decreto Ley 1, del 10 de Julio de 1999, por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores en la República de Panamá, se hicieron cambios fundamentales en el mercado de valores, mucho mas allá de suplantar el Decreto Ley 247 de 1970, que creó la Comisión Nacional de Valores originalmente.
Pero como en los decretos anteriores, este tampoco hace mención ni directa ni indirecta sobre la promoción del ahorro, y mucho menos de ofrecer un mercado de valores democrático que realmente llegue a la mayor cantidad de usuarios – inversionistas y emisores, sin distingo de tamaño y/o poder económico.
Difícilmente una entidad, pública o privada al servicio del público en general promoverá algún tipo de actividad, si la misma no está enmarcada en sus estatutos, leyes, directrices, reglamentos, objetivos, etc. por lo que sería ilógico pensar que ni la Comisión Nacional de Valores ni la Bolsa de Valores de Panamá son instituciones que promoverán la participación democrática de inversionistas y emisores. Ni la ley, ni el mercado, están hechos para incluir, como jugadores, a pequeñas y medianas empresas, y mucho menos a los pequeños ahorristas e inversionistas.
Pero, ¿que es realmente lo que estamos buscando en la Comisión Nacional de Valores o en la Bolsa de Valores de Panamá?
Sabemos que las reglas del juego están mas que dadas en el mercado, y las mismas se ven democráticas. Además, como ente regulador, la Comisión Nacional de Valores no puede promover directamente entre los posibles participantes a que entren en el mercado.
Pero lo que si puede hacer es comunicar, educar, entrenar y hacer posible la entrada de cualquier posible emisor al mercado. La principal razón por la cual las empresas no desean entrar en el mercado de valores es por el hecho de tener que presentar sus estados financieros a todo el mundo.
De la misma forma, los inversionistas, para poder entrar al mercado, deben tener cierto grado de formación financiera para poder analizar la inversión en el producto financiero específico y así no estar en desventaja y saber lo que está haciendo.
En el mercado de valores se participa con un interés eminentemente personalista, en cierto grado egoísta y el gran motivador es sin duda el dinero y la ambición. La empresa emisora de valores quiere obtener financiamiento al menor costo posible, el intermediario que negocia con los valores quiere obtener la mejor comisión posible y el inversionista institucional o individual quiere obtener el mejor rendimiento posible en su inversión. [8]
Todos están por obtener la mejor ganancia posible. Cuando el sistema funciona bien todos creen, paradójicamente, obtenerla. Detrás de esta realidad, hay una imperiosa necesidad para la colectividad de que existan empresas que produzcan los bienes y servicios que todos consumimos a diario, y que emprendedores acometan nuevas aventuras, que inventen e innoven, que asuman riesgos, para que la sociedad progrese. A todos nos interesa que dichas empresas obtengan los financiamientos al menor costo.[9]
Con estos comentarios del Doctor Barsallo, ex Comisionado Presidente de la Comisión de Valores de Panamá, tenemos una excelente cita sobre lo que es el mercado de valores actual en nuestro país. Más adelante, en este mismo artículo, el Lic. Barsallo dice: “Se quiere que el inversionista institucional, los bancos, los fondos de pensiones, las aseguradoras, pueda invertir en las empresas productivas y logren para sus accionistas o participes los mejores rendimientos. Sobre todo teniendo en cuenta que estos participes pueden ser personas individuales que no han entrado a participar en el mercado voluntariamente sino que son llevados a él indirectamente, como por ejemplo, los empleados de una empresa en lo que se refiera al fondo de cesantía o los trabajadores públicos en lo que se refiere al SIACAP”.
Lo interesante de todo el artículo del Doctor Barsallo llega con este último párrafo al decir que “se requiere que Juan y Carmen, joven pareja privilegiada en nuestro país, de contar con recursos suficientes, puedan invertirlos, que no es lo mismo que ahorrar. Y que partiendo de la premisa que el intermediario que los asista ha estudiado cuidadosamente su perfil y su tolerancia al riesgo, pueda recibir de estos valores quizás un X% rendimiento. Con este rendimiento podrán generar los suficientes fondos para educar a sus hijos, para asegurarse una jubilación o lo que estimen de interés para ellos. Lo anterior, definitivamente no podrán lograrlo con el rendimiento de simples y tradicionales ahorros.”
Al final, el Doctor Barsallo concluye que “lo antes descrito es la realidad humana que está detrás del mercado de valores y por ello es tan importante su buena regulación y supervisión, para generar la confianza necesaria para que todos los actores descritos, emisores, intermediarios e inversionistas, se animen, sin reparos, a participar en esta actividad imprescindible en toda sociedad moderna y desarrollada o que aspira a desarrollarse.”
Luego de haber elaborado este escrito sobre la realidad, el Doctor Barsallo termina concluyendo lo que estamos tratando de probar con la monografía – que el mercado de valores debe llegar a los pequeños inversionistas que pueden convertir sus ahorros en inversiones buscando un mayor rendimiento, y participando en un mercado noble, con buenos rendimientos, bien regulado y con una oportunidad de crecimiento increíble.
El Mercado de Valores debe ser una alternativa de ahorro e inversión para todos los panameños. También debe ser una alternativa de financiamiento para cualquier tipo de empresa. El reto de esta monografía es encontrar la mejor forma de conseguir estos dos objetivos, ya sea trabajando con la ley que tenemos o tratando de establecer las modificaciones que sean necesarias para que esto funcione.
Pero independientemente del marco legal, tenemos que tomar conciencia todos en el mercado, que debemos poner nuestro grano de arena para que esto sea una realidad, ya que actualmente, si no es un cliente con miles de dólares para invertir o una emisión de varios millones de dólares, no nos interesa.
[1] Decreto de Gabinete 247 del 16 de Julio de 1970. Título I, Artículo 2do.
[2] Aspectos Básicos del Mercado de Valores de Panamá, publicación oficial de la CNV por Jorge Alexander Olivarría, pp. 15
[3] Decreto 44 del 31 de mayo de 1988, en el Considerando.
[4] Decreto 44 del 31 de mayo de 1988, en el Considerando
[5] 20 años de una confesión. José Quintero De León. La Prensa, Junio 7, 2007.
[6] Decreto 44 del 31 de mayo de 1988, Artículo 7
[7] Website de la Bolsa de Valores de Panamá, Sobre Nosotros – Historia y Evolución de la Bolsa – Reseña Histórica
[8] ¿CÓMO LO BENEFICIA A USTED EL MERCADO DE VALORES? Carlos A. Barsallo P. Comisionado Vicepresidente Comisión Nacional de Valores
[9] ¿CÓMO LO BENEFICIA A USTED EL MERCADO DE VALORES? Carlos A. Barsallo P. Comisionado Vicepresidente Comisión Nacional de Valores
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